Política
Cocaína, psicofármacos y más: qué detecta el antidoping a políticos en Neuquén
El operativo, a cargo del IJAN, alcanza a ministros, legisladores y jueces, y el costo del análisis se descuenta directamente del sueldo del funcionario evaluado.
El gobierno de Neuquén realizó esta semana el primer sorteo de exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios del Ejecutivo provincial. La medida surge de la reglamentación del decreto 234/26, firmado por el gobernador Rolando Figueroa.
Los funcionarios de mayor jerarquía seleccionados tuvieron 24 horas para presentarse en un laboratorio autorizado. El operativo es sorpresivo y busca garantizar el factor sorpresa que exige la normativa.
El decreto reglamenta la Ley 3531, impulsada por el propio Figueroa. Según el Ejecutivo, Neuquén se convirtió en una de las provincias pioneras del país en aplicar este tipo de controles a los tres poderes del Estado.
Las pruebas detectan consumo reciente de cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos sin receta médica.
El Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) es el organismo encargado de los sorteos. Cada trimestre se elige al 12,5% del universo de funcionarios obligados, de modo que en un año queda evaluada toda la plantilla jerárquica.
La negativa o la falta de presentación dentro de las 24 horas se considera automáticamente un resultado positivo y activa sanciones, incluida la remoción del cargo. Quien dé positivo puede pedir un test confirmatorio con una segunda muestra lacrada.
Quienes estén bajo tratamiento médico deben presentar la prescripción y la historia clínica dentro de las 48 horas posteriores al examen. El costo del análisis se descuenta del sueldo del funcionario, no lo paga el Estado.
Para supervisar el sistema se creó la Comisión Evaluadora Interpoderes, con representantes de salud laboral del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
El propio Figueroa y las autoridades del Tribunal Superior de Justicia ya se habían sometido a controles voluntarios durante 2025, igual que el diputado del MPN Claudio Domínguez y la titular de la Legislatura, Zulma Reina. Ahora, con el nuevo marco normativo, el control deja de ser voluntario y pasa a ser obligatorio para toda la plantilla jerárquica del Estado
