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Aprobaron la ley que puede afectar el agua de 7 millones de argentinos

La nueva norma flexibiliza la protección de zonas periglaciares y abre la puerta a la minería en áreas que antes estaban vedadas. La oposición anuncia demandas judiciales.

El quórum que lo cambió todo

El resultado no hubiera sido posible sin el aporte de legisladores del espacio cordobés que responde a Martín Llaryora. Ignacio García Aresca y Alejandra Torres fueron clave para abrir la sesión. Luego, Torres fue más allá y votó a favor del proyecto, aunque su voto no era determinante para el resultado final.

La presencia de Karina Milei en el recinto, junto al ministro del Interior Diego Santilli, marcó la temperatura política del momento: el oficialismo lo vivió como un triunfo de alto voltaje.

Qué cambia con esta ley

La reforma otorga a las provincias la facultad de determinar qué zonas periglaciares —aquellas adyacentes a los glaciares— no constituyen reservas hídricas relevantes. En esas áreas, podrán habilitarse explotaciones mineras que hasta ahora estaban prohibidas.

El bloque oficialista sostuvo que la modificación «armoniza» la norma con los principios constitucionales del federalismo y que el organismo científico encargado del inventario de glaciares, el IANIGLA, no pierde atribuciones. Para los críticos, la lógica se invierte: en lugar de proteger por defecto, ahora habrá que demostrar que algo merece protección.

La voz de la Patagonia:

La región aportó en conjunto 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención.Pero detrás de esos números hay posiciones bien marcadas, provincia por provincia.

Río Negro mostró una fractura perfecta: los dos diputados de La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde, votaron a favor.

Los dos de Unión por la Patria, Marcelo Mango y Adriana Serquis, lo hicieron en contra. El quinto voto rionegrino, Sergio Capozzi de Provincias Unidas, acompañó al oficialismo.

Fue precisamente Serquis —ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica— una de las voces técnicas más fuertes contra la reforma. Levantó una maqueta en el recinto para

demostrar el impacto de la explotación en zonas periglaciares: «Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes.»

Neuquén también se partió en dos. Los tres legisladores de La Libertad Avanza —Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz— votaron a favor. Riesco defendió el concepto de «federalismo ambiental» y cuestionó lo que llamó «terrorismo ambiental» para referirse a los argumentos opositores.

El único voto negativo neuquino fue el de Pablo Todero (UxP):»Defender a los neuquinos es votar no a esta ley», sostuvo, en referencia al impacto sobre la cuenca del río Negro. Karina Maureira, de La Neuquinidad —el espacio del gobernador Rolando Figueroa—, optó por la abstención.

El argumento científico que no alcanzó

La diputada Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, levantó una maqueta en el recinto para ilustrar el impacto de la explotación en zonas periglaciares. «Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes», señaló.

Voces del interior también se alzaron en contra. Carolina Basualdo, de Córdoba, advirtió que una decisión tomada «aguas arriba», en provincias como Catamarca o Salta, puede afectar directamente humedales del tamaño del Mar de Ansenuza, uno de los más grandes de Sudamérica.

https://x.com/DiputadosAR/status/2042118533031588217

¿Qué sigue?

La batalla se traslada a la Justicia. Legisladores opositores y organizaciones ambientalistas adelantaron que presentarán demandas de inconstitucionalidad. La norma todavía debe pasar por el Senado para quedar definitivamente promulgada.

Para la Patagonia, la discusión no es abstracta: la cuenca del río Negro nace en Neuquén y depende directamente de los deshielos. En un contexto de sequía histórica —la peor en cien años, según el propio Todero— la pregunta sobre quién decide el destino del agua sigue abierta.

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