Burford Capital lleva el caso YPF al CIADI: el tribunal donde Argentina pierde el 86% de los juicios

Argentina festejó a fines de marzo cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. Pero el alivio tiene fecha de vencimiento: Burford Capital, el fondo que financia las demandas, ya confirmó su siguiente movimiento y apunta al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
La amenaza no es menor. Según datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones procesados por el Transnational Institute, Argentina perdió el 86% de los casos que se presentaron en ese foro en su contra. El país acumula laudos adversos por más de 10.000 millones de dólares, algunos de ellos de 2006 y 2009 que aún figuran como pendientes de cobro.
El CIADI resuelve conflictos entre Estados e inversores privados. A diferencia de la Justicia de Nueva York, sus fallos no son ejecutables de manera directa: los beneficiarios deben recurrir a los tribunales de cada país para cobrar. Aun así, la exposición reputacional y financiera para Argentina es significativa.
Burford Capital calificó el fallo de la Cámara de Nueva York como “decepcionante” y como “un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios”. En una carta enviada a la jueza Loretta Preska, los demandantes —los fondos Petersen y Eton Park— informaron que Argentina ya fue notificada del inicio inminente del juicio en el CIADI y que, al mismo tiempo, buscarán una revisión del fallo ante la propia Cámara de Apelaciones antes del 8 de mayo.
El argumento que usó la Cámara neoyorquina para liberar a Argentina giró en torno al derecho local: los jueces Chin, Cabranes y Robinson sostuvieron que las leyes del Congreso están por sobre el estatuto de YPF y que ese estatuto no constituye un contrato exigible entre el Estado y los accionistas privados. Para el CIADI, esa lógica puede no aplicar: el tribunal arbitral analiza los casos bajo los términos de los tratados bilaterales de inversión, un marco distinto y, históricamente, más adverso para el Estado argentino.
La expropiación de YPF fue ejecutada en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El Estado tomó el control del 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol. La condena original de primera instancia —dictada en 2023 por la jueza Preska— ascendía a más de 16.100 millones de dólares más intereses, equivalente en ese momento al 45% del presupuesto nacional.