Judiciales
¿Cuánto vale un campo expropiado para una obra pública en Río Negro?
Un juez de Viedma estableció indemnizaciones que van de 4 millones a más de 700 millones de pesos para cinco propietarios rurales cuyos campos fueron ocupados para construir el colector cloacal que conecta con la planta de volcado cero.
La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Viedma dictó sentencia en cinco procesos expropiatorios acumulados, iniciados por la Provincia de Río Negro para construir las obras de saneamiento cloacal que culminaron con la inauguración de la planta de volcado cero en la capital provincial. Los propietarios de los campos afectados habían aceptado la expropiación pero rechazaron los montos ofrecidos por el Estado, lo que derivó en un litigio por la indemnización justa que garantiza la Constitución Nacional.
Las propiedades fueron declaradas de utilidad pública en 2019 mediante resoluciones administrativas, aunque en varios casos las obras comenzaron en 2018. El juez consideró ese año como fecha de desapoderamiento en los expedientes donde la ocupación efectiva fue anterior a la formalización judicial, un criterio que incide directamente en el cálculo de los intereses.
Para fijar los valores, el magistrado analizó pericias agronómicas, tasaciones, informes de la Junta de Valuaciones, inspecciones oculares y testimonios. A partir de ese material, determinó el valor objetivo de cada inmueble y ordenó su actualización según criterios jurisprudenciales vigentes.
Las diferencias entre campos son notorias. Un lote de 1.200 metros cuadrados cercano a una zona urbanizada fue valuado en 55.000 dólares. Un campo de 360 hectáreas recibió 137.000 dólares. El inmueble de mayor valor fue uno de 218 hectáreas con aptitud de riego y uso productivo activo, tasado en 174.000 dólares. Los montos se pesificaron al tipo de cambio MEP y se les aplicaron los intereses correspondientes, con un total que supera los 1.500 millones de pesos.
En uno de los casos, el juez reconoció que la expropiación fragmentó una unidad productiva y afectó la actividad ganadera del establecimiento. Sin embargo, la cuantificación de ese perjuicio quedó diferida para la etapa de ejecución de sentencia.
El fallo ya fue apelado por el Estado provincial y pasará a revisión en instancias superiores. No es el primer proceso de este tipo vinculado a las mismas obras: hace dos años concluyó un juicio similar, también impulsado por la Provincia contra otros propietarios de la zona, que terminó en acuerdo entre las partes antes de que la Cámara Civil dictara sentencia.
