El nuevo DNI electrónico ya genera problemas en bancos y organismos

El nuevo DNI electrónico está en circulación en la Argentina desde febrero de 2026 y ya genera una brecha concreta: los sistemas de bancos, organismos públicos y plataformas digitales no terminan de reconocer el nuevo formato, lo que traba trámites cotidianos de miles de ciudadanos.

El rediseño del documento incorpora un chip sin contacto que almacena datos personales y biométricos de forma encriptada. También incluye un código QR, un número CAN para lectura por tecnología NFC y un soporte físico de policarbonato, más resistente que los materiales anteriores. El conjunto de cambios lleva al DNI argentino a estándares internacionales similares a los de los pasaportes electrónicos.

El problema aparece en el uso cotidiano. El nuevo formato eliminó el código de barras, un elemento que durante años funcionó como herramienta clave de validación en sistemas bancarios y gubernamentales. Muchas plataformas siguen dependiendo de ese mecanismo y, al no encontrarlo, devuelven errores.

Los reclamos se concentran en situaciones concretas: usuarios que no pueden generar claves bancarias, abrir cuentas o completar trámites en organismos estatales. En algunos casos, los sistemas rechazan el documento por cambios en la longitud del número de trámite; en otros, simplemente no logran interpretar los datos.

El código QR incorporado no resuelve el problema de fondo. Permite acceder a información, pero no reemplaza los sistemas de validación más avanzados que cada plataforma debería implementar.

El organismo responsable del documento sostiene que el DNI electrónico es plenamente válido y que se pusieron a disposición herramientas para que empresas e instituciones actualicen sus sistemas. También existe una aplicación oficial que permite leer el chip por NFC, aunque su funcionamiento depende de cada dispositivo y de la integración con la plataforma que corresponda.

Mientras la adaptación tecnológica avanza, los documentos anteriores mantienen su vigencia. No hay obligación general de reemplazo, lo que funciona como solución transitoria para quienes siguen enfrentando trabas con el nuevo formato.