Sociedad
Río Negro quiere testear a sus funcionarios por consumo de drogas
Una legisladora de Primero Río Negro propone someter al gobernador, ministros, jueces y jefes policiales a controles toxicológicos sorpresivos mediante sorteo trimestral, con tratamiento obligatorio para quienes registren consumo problemático.
El gobernador, los ministros, los legisladores, los jueces y la cúpula policial de Río Negro deberían someterse a controles toxicológicos periódicos y sorpresivos si avanza un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial.
La iniciativa fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, del bloque Primero Río Negro, y establece que los funcionarios de mayor jerarquía del Estado provincial deberán obtener un certificado psicofísico anual. El objetivo declarado es garantizar que quienes toman decisiones que afectan a la ciudadanía lo hagan sin el condicionamiento de sustancias psicoactivas.
El mecanismo central del proyecto es un sorteo trimestral administrado por Lotería de Río Negro, que seleccionaría aleatoriamente al 12,5% de los funcionarios alcanzados por la norma en cada período. Los seleccionados deberían realizarse un examen psiquiátrico, rinoscopía y análisis completos de sangre y orina.
La legisladora enmarca la propuesta como «una garantía institucional para la ciudadanía», orientada a preservar la calidad del servicio público y la transparencia en la gestión estatal. El texto subraya que la norma no tiene un carácter punitivo: contempla mecanismos de contraprueba, derecho de defensa y resguardo del debido proceso administrativo.
Ante un resultado positivo, el Estado no podría limitarse a sancionar al funcionario: estaría obligado a garantizar tratamiento terapéutico para su recuperación, encuadrando el proceso dentro del régimen de licencias laborales vigente en la provincia.
El alcance del proyecto es amplio: abarca desde el titular del Poder Ejecutivo hasta los miembros del Ministerio Público Fiscal, pasando por el Poder Judicial y la conducción de las fuerzas de seguridad. La iniciativa busca establecer un estándar de aptitud psicofísica para el ejercicio de cargos que implican el manejo de recursos públicos y la toma de decisiones institucionales.
