Gloria Ruiz fue destituida como vicegobernadora y ahora pide volver al cargo

La exvicegobernadora de Neuquén Gloria Ruiz presentó ante la Legislatura provincial un pedido formal para derogar la Ley 3490, la norma que en diciembre de 2024 dispuso su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta 2027. Al mismo tiempo, su defensa impulsa una medida cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia provincial para que pueda retomar el cargo para el que fue electa.

En paralelo a la presentación legislativa, la abogada de Ruiz, Gabriela Prokopiw, solicitó al TSJ neuquino un «pronto despacho» del amparo que la exfuncionaria tiene pendiente de resolución. La defensa argumenta que la Ley 3490 violó el debido proceso y las garantías constitucionales básicas, porque la Legislatura «no puede juzgar y ser juez en una causa donde ni siquiera se habían formulado cargos», según explicó Prokopiw en declaraciones radiales.

Ruiz sostuvo en redes sociales que la norma «es inconstitucional y profundamente antidemocrática» y acusó al cuerpo legislativo de haberse arrogado facultades que corresponden en exclusiva al Poder Judicial. Su argumento central es que fue separada del cargo sin juicio político, sin condena firme y sin respeto a las garantías básicas del debido proceso, siendo una funcionaria electa por voto popular.

El trasfondo del caso se remonta a las acusaciones que involucran a su hermano, Pablo Ruiz, quien fue imputado por el presunto desvío de fondos públicos a través de la Legislatura, donde ejercía funciones como coordinador. La causa incluye transferencias de casi 30 millones de pesos a cuentas bancarias y otras maniobras que quedaron bajo investigación penal. Con ese expediente como base, la Legislatura aprobó el 19 de diciembre de 2024 la destitución de Ruiz con 30 votos a favor, declarando su «inhabilidad moral» en los términos del artículo 189 de la Constitución provincial.

Tras esa destitución, Ruiz presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que no era su competencia intervenir y derivó el caso a la Justicia provincial. Ahora, con el expediente radicado en el TSJ neuquino, la defensa espera una resolución sobre la constitucionalidad de la norma y aprovecha la nueva presentación legislativa para reforzar su posición pública.

El pedido de derogación queda bajo análisis de la Legislatura, que no está obligada a tratarlo. Mientras tanto, el destino político y judicial de la primera vicegobernadora destituida en la historia de Neuquén sigue sin resolverse.