25 millones de dólares y luz verde del gobierno: la canadiense que viene a buscar uranio en la Patagonia

El gobierno de Chubut aprobó el Estudio de Impacto Ambiental que habilita a la empresa canadiense Jaguar Uranium Corp. a realizar tareas de exploración de uranio y vanadio en el proyecto Laguna Salada, ubicado en la Meseta Central, a unos 230 kilómetros al oeste-noroeste de Comodoro Rivadavia, dentro de la cuenca del Río Chico.

La autorización, firmada durante la gestión del gobernador Ignacio Torres, llega en un contexto de creciente debate global sobre el uranio como mineral estratégico y reaviva la discusión sobre los límites que impone la Ley 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en la provincia.

El yacimiento, conocido como «Laguna Salada» —en su porción denominada «Guanaco»—, es de tipo caliche o sedimentario y presenta mineralización cercana a la superficie. La empresa lo define como un objetivo de desarrollo a gran escala. La Fase 1 de exploración ya está financiada tras una oferta pública inicial de 25 millones de dólares realizada a principios de 2026.

Con la EIA aprobada, Jaguar queda habilitada para realizar estudios geofísicos, muestreos de superficie, excavación de zanjas, construcción de caminos y perforaciones exploratorias. Por ahora no se trata de explotación, pero el avance coloca el tema en el centro de la agenda ambiental y política de la provincia.
La localización del proyecto genera alertas adicionales: el área se encuentra próxima al Río Chico, cuyo caudal alimenta el Dique Florentino Ameghino y abastece de agua a localidades del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH). Ambientalistas y referentes científicos advierten sobre los riesgos de contaminación de acuíferos ante eventuales procesos de lixiviación.

El geólogo Gerardo Cladera, presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros, defendió la viabilidad del proyecto y mencionó como referencia un método de extracción por soluciones similar al utilizado en Kazajistán, que evitaría la minería a cielo abierto. Sin embargo, ese país acumula alrededor de 200 millones de toneladas de residuos radiactivos producto de décadas de actividad.

El investigador del CONICET Agustín Paz, en un trabajo publicado por la Universidad Nacional de San Martín, señaló que los cuestionamientos a la minería de uranio van más allá del debate sobre la ley provincial e incluyen riesgos radiactivos, impacto en flora y fauna, y efectos sobre economías locales.

La autorización llega a menos de un año de las elecciones provinciales, en un escenario que evoca el fracasado intento de zonificación minera de 2021, que terminó con la provincia en llamas y el gobierno de Mariano Arcioni políticamente demolido.