Judiciales
Cómo el Estado rionegrino descubrió el fraude de los certificados médicos truchos
La Secretaría de la Función Pública de Río Negro detectó en 2024 un patrón de ausentismo fraudulento que derivó en una causa penal contra más de 120 agentes del Estado por el uso de certificados médicos falsificados.
Una auditoría interna lanzada en 2024 por la Secretaría de la Función Pública de Río Negro destapó una maniobra fraudulenta en la que más de 120 agentes del Estado —en su mayoría policías y penitenciarios— presentaron certificados médicos falsificados para justificar ausencias laborales. La causa ya llegó a la Justicia, aunque la primera audiencia de imputación debió suspenderse por la masividad de los involucrados.
Todo comenzó cuando funcionarios de la Secretaría de la Función Pública detectaron un volumen inusual de carpetas médicas en determinadas áreas del Estado provincial. Al cruzar la información, apareció un patrón difícil de ignorar: la misma médica concentraba una cantidad desproporcionada de certificados emitidos.
El dato que terminó de confirmar el fraude fue la especialidad de esa profesional: se trataba de una médica pediatra que había otorgado licencias a empleados adultos de la administración pública, entre ellos personal policial y del servicio penitenciario. La contradicción era insostenible.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que la investigación administrativa permitió cuantificar el daño. Solo esa médica había expedido más de 2.000 días de licencia con documentación apócrifa. «La defraudación al erario público provincial fue importantísima», subrayó la funcionaria.
Con esa evidencia en mano, el gobernador provincial, en conjunto con la Fiscalía de Estado, formalizó una denuncia penal. La causa avanzó hasta llegar a una audiencia de formulación de cargos, en la que están imputados la médica, su pareja y el centenar de empleados estatales.
Sin embargo, el proceso judicial encontró su primer freno logístico: la cantidad de imputados y la necesidad de garantizar la defensa de cada uno de ellos —con más de 25 defensores, entre públicos y privados— tornó imposible realizar la audiencia en una sola jornada. El juez interviniente dispuso fragmentarla en instancias más acotadas.
Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que seguirán el proceso como parte activa. Lastra remarcó que el objetivo es responderles a los rionegrinos que pagan sus impuestos y también proteger a quienes cumplen con sus obligaciones laborales.
