Judiciales
Estafa con viajes al exterior: imputaron a la dueña de una agencia de Roca con más de 53 víctimas
El Ministerio Público Fiscal formalizó cargos por defraudación, retención indebida y uso no autorizado de datos de tarjetas contra la propietaria de Lola Tours, que operaba en el centro de la ciudad sin ningún registro comercial válido.
La Justicia de Río Negro imputó a la propietaria de una agencia de viajes de General Roca por una presunta estafa que abarca más de 53 denuncias y un perjuicio total que supera los 225.000 dólares y los 116 millones de pesos. La audiencia se realizó este lunes ante la jueza de Garantías, donde el equipo fiscal presentó los cargos contra la responsable de la firma Lola Tours, que funcionaba en un local de la calle Mitre al 930.
Según la acusación, la imputada comercializó de manera sistemática paquetes turísticos y pasajes aéreos a distintos destinos sabiendo que no podía cumplir con los compromisos asumidos ni devolver el dinero recibido. La agencia operaba sin habilitación municipal y sin estar inscripta bajo ninguna razón social, según confirmaron la Inspección Regional de Personas Jurídicas y la Agencia de Recaudación Tributaria provincial.
Los delitos imputados incluyen defraudación por abuso de confianza, retención indebida y uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito. Muchas de las personas damnificadas entregaron dinero en efectivo directamente en la oficina o realizaron transferencias a cuentas personales de la imputada, recibiendo a cambio comprobantes sin validez legal: presupuestos escritos a mano, sin membrete, y recibos sin firma ni sello.
La pieza procesal presentada por la fiscalía superó las 100 páginas e incorporó informes del Banco Central, de la Secretaría de Turismo de la Nación y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, que ya había dado de baja a la firma en febrero de este año ante las primeras irregularidades.
La jueza aceptó la formulación de cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria. Durante ese período, la imputada deberá mantener domicilio fijo, presentarse periódicamente ante la fiscalía y tiene prohibición de salir del país. También se mantienen el congelamiento de cuentas bancarias, la inhibición de bienes y el bloqueo de activos financieros.
La defensa penal pública no formuló objeciones formales, aunque aclaró que esa postura no implica reconocimiento de los hechos ni de la calificación legal sostenida por la fiscalía.
